....Y siguen sin dimitir (2ª Parte)
Listado provisional de genoveses originales y genuinos que están imputados y/o implicados en causas judiciales + aquellos otros que de sus actuaciones y/o decisiones se derivan responsabilidades políticas:
Serafín Castellano Gómez, Consejero de Gobernación en la Comunidad Valenciana.Ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.
Jaume Massot. La Audiencia de Palma ordena el ingreso en prisión del director de Urbanismo implicado en varios procesos de la trama corrupta de Andratx. Massot tiene pendientes dos sentencias por un total de ocho años y medio por prevaricación y falsedad documental en procesos relacionados con la trama de Andratx. Ha apelado ambas sentencias al Tribunal Supremo y se encuentra a la espera de la resolución de los recursos interpuestos.
José Manuel Soria. La Fiscalía Anticorrupción ha acordado investigar una denuncia contra el vicepresidente canario y presidente del PP por prevaricación y cohecho en relación con los regalos que obtuvo en 2005 del promotor noruego Bjorn Lyng -fallecido en 2006-, dueño de Anfi Tauro. El Cabildo grancanario, que entonces presidía Soria, apoyó un proyecto hotelero de Lyng para que pudiera ser autorizado a edificar 3.600 plazas como una excepción de la moratoria que pesaba en toda la comunidad para frenar la saturación costera de este tipo de establecimientos.
Juan Martín Serón. Alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral.
Alfonso Ferrada. Senador territorial del PP en sustitución de Andrea Fabra hija de Carlos Fabra, quien renunció al cargo tras su elección como diputada al Congreso. Ferrada está imputado en varios casos de corrupción urbanística por prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentado contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico
José Ignacio Fernández Rubio. Diputado autonomico de Madrid. Está actualmente procesado y pendiente del juicio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ostentar la condición de aforado. Nombrado por Aguirre Vice Consejero de Empleo
Lluc Tomás. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condena al alcalde de Llucmajor a tres años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años por un delito de malversación de caudales públicos,
Junta de Castilla y León. La Justicia decide tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.
Domingo González Arroyo. Presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva Nueva acusación por supuestas irregularidades durante su mandato al frente de ese Ayuntamiento. En esta ocasión, la acusación es de prevaricación y alteración del precio en subasta pública. González Arroyo declaró en Las Palmas ante la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona
Totana. La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Murcia. Admitida a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Águilas. Admitida a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en el caso de La Zerrichera contra el promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.
Balsa Jenny. La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, los días 1 y 15 de cada mes. La juez de San Javier investiga si los responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico.
Cieza. El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros.
Mazarrón. La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
San Javier. Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. .
Serafín Castellano Gómez, Consejero de Gobernación en la Comunidad Valenciana.Ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.
Jaume Massot. La Audiencia de Palma ordena el ingreso en prisión del director de Urbanismo implicado en varios procesos de la trama corrupta de Andratx. Massot tiene pendientes dos sentencias por un total de ocho años y medio por prevaricación y falsedad documental en procesos relacionados con la trama de Andratx. Ha apelado ambas sentencias al Tribunal Supremo y se encuentra a la espera de la resolución de los recursos interpuestos.
José Manuel Soria. La Fiscalía Anticorrupción ha acordado investigar una denuncia contra el vicepresidente canario y presidente del PP por prevaricación y cohecho en relación con los regalos que obtuvo en 2005 del promotor noruego Bjorn Lyng -fallecido en 2006-, dueño de Anfi Tauro. El Cabildo grancanario, que entonces presidía Soria, apoyó un proyecto hotelero de Lyng para que pudiera ser autorizado a edificar 3.600 plazas como una excepción de la moratoria que pesaba en toda la comunidad para frenar la saturación costera de este tipo de establecimientos.
Juan Martín Serón. Alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral.
Alfonso Ferrada. Senador territorial del PP en sustitución de Andrea Fabra hija de Carlos Fabra, quien renunció al cargo tras su elección como diputada al Congreso. Ferrada está imputado en varios casos de corrupción urbanística por prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentado contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico
José Ignacio Fernández Rubio. Diputado autonomico de Madrid. Está actualmente procesado y pendiente del juicio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ostentar la condición de aforado. Nombrado por Aguirre Vice Consejero de Empleo
Lluc Tomás. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condena al alcalde de Llucmajor a tres años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años por un delito de malversación de caudales públicos,
Junta de Castilla y León. La Justicia decide tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.
Domingo González Arroyo. Presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva Nueva acusación por supuestas irregularidades durante su mandato al frente de ese Ayuntamiento. En esta ocasión, la acusación es de prevaricación y alteración del precio en subasta pública. González Arroyo declaró en Las Palmas ante la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona
Totana. La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Murcia. Admitida a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Águilas. Admitida a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en el caso de La Zerrichera contra el promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.
Balsa Jenny. La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, los días 1 y 15 de cada mes. La juez de San Javier investiga si los responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico.
Cieza. El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros.
Mazarrón. La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
San Javier. Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. .
0 comentarios